Casi nadie duda (salvo algunos ignorantes) que México no está creciendo económicamente y que el modelo cuatroteísta de asistencia social es insostenible en el mediano plazo.

También es una verdad incontrovertible que la mayor parte del desarrollo  económico tiene lugar en las ciudades. 
El sector servicios que abarca al comercio, finanzas, salud, educación, cultura y entretenimiento se desarrolla dentro de las ciudades. También la mayor parte  del sector industrial.  

México es un país urbano donde el 80% de su población vive y trabaja en  ciudades.  
Las tres grandes metrópolis: CDMX, Monterrey y Guadalajara junto con las 30 ciudades de medio millón de habitantes y más albergan al 70% de la economía  nacional.

Si partimos de la premisa de que las ciudades son lugares de intercambio de personas, bienes, servicios, información y conocimiento es necesaria una  política urbana que propicie estas interacciones. En el fondo se trata de quitar, no de aumentar, la fricción a estos intercambios.

Las ciudades mexicanas no van bien. Crecen desordenadamente y, con alguna  que otra excepción, sus administraciones están rebasadas tanto en su  gobernanza como en su orden urbano y en el funcionamiento cotidiano. 
La infraestructura deficiente, la inseguridad, una mala operación urbana, el  abandono de los centros urbanos y el desgobierno afectan severamente al  crecimiento económico.

Así, cortes en el suministro de agua; carreteras, caminos y calles en mal estado; semáforos descoordinados y avenidas llenas de trailers sumados a una congestión vial crónica, reducen la productividad y la calidad de vida en  detrimento del crecimiento económico de la ciudad y por ende del país. 

Ejemplos: la movilidad tiene un efecto directo en la productividad. Si los  trabajadores consumen más tiempo en llegar a sus fuentes de trabajo y por lo mismo gastan más dinero y se estresan más, su productividad será  necesariamente menor.  

Si el abasto de mercancías, de combustibles y agua por falta de planeación y el  actuar de las mafias, que obligan a usar pipas, es más tardado y caro, se incrementan los costos de producir un bien ó un servicio. 

Los constantes cierres y manifestaciones que, al no aplicarse la ley, impiden la  circulación aumentan aún más las ineficiencias en el movimiento de personas,  bienes y servicios. 

A la extorsión, el cobro de piso y los asaltos a vehículos de carga, se suma la  percepción de inseguridad de los ciudadanos lo que inhibe nuevas inversiones. 

Por otro lado, la creciente burocratización de los procesos de obtención de  licencias y permisos de todo tipo tiene dos efectos negativos. Por un lado, la  apertura de nuevos negocios ó la construcción de edificios se retrasa con lo cual se tienen pérdidas económicas. En segundo lugar y aún más grave la  incertidumbre que crean dichas burocracias aleja a los inversionistas de  emprender nuevos proyectos.  

En el caso de la CDMX la desastrosa decisión de cancelar el nuevo aeropuerto  en el lago de Texcoco ha disminuido su competitividad y su imagen de  modernidad en un mundo donde Estambul, Panamá y muchas ciudades chinas  destacan por tener nuevos aeropuertos diseñados por los mejores arquitectos  del mundo. De hecho los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey se han  beneficiado de esta mala decisión.

Para remediar esta situación se requieren cambios drásticos que será muy difícil  instrumentar. Por ejemplo: es imposible que un país cuyas ciudades tienen  gobiernos fragmentados por la estructura municipal pueda tener una buena  gobernanza urbana. 

La planeación urbana, que, aunque tiene un componente idealista y que en  México no ha demostrado ser muy eficaz, es el único instrumento que puede  mejorar el funcionamiento de las ciudades y por ende su desarrollo económico. 

En lugar de contar con grandes directrices (donde crecer, donde no crecer, que  lugares preservar) hemos sobreregulado hasta llegar a un estado en el que  cumplir tantas leyes, reglamentos y normas resulta imposible y por lo tanto  desalentador. Además, la burocracia es más ineficiente y temerosa que nunca. 

La única manera de mejorar la productividad de las ciudades y con ello el  crecimiento de la economía es con una receta simple pero difícil de ejecutar:  regresar a una reglamentación clara y sencilla, unificando en una sola autoridad  las decisiones, de manera relevante la supervisión estricta de la expansión  urbana. Además hay que mejorar drásticamente el mantenimiento y expansión  de la infraestructura hidráulica, de movilidad y de generación de energía  eléctrica.  

En síntesis: se necesitan cambios que requieren decisiones fuertes como reducir  el número de municipios en muchos estados; reducir en 80% los trámites para  abrir nuevas empresas ó construir nuevos desarrollos; limpiar la administración  de malos funcionarios y hacer planes inteligentes de infraestructura y movilidad  urbana. 

Si se pudiera quitar la fricción, ó parte de ella, a la economía de las ciudades y  por ende al 70% de la economía del país se podrían alcanzar los niveles de  inversión privada requeridos para aumentar el PIB uno ó dos puntos. Ello  permitiría mayor creación de empleos, reducción del déficit fiscal y más  captación de impuestos para financiar de manera sana el desarrollo de  infraestructura y los programas sociales.

JORGE GAMBOA DE BUEN